Francisco Reyes López, ex-vicepresidente de Guatemala del gobierno del FRG recién pasado, fue arrestado el pasado julio para ser procesado penalmente. Está siendo juzgado por haber intentado apropiarse de un inmueble del Patronato Antialcohólico, valuado en Q26 millones (unos US$3.25 millones). A pesar de haber pretendido evadir la acción internándose en un sanatorio privado propiedad del ex-ministro de Salud Pública de su mismo gobierno y actual diputado por el FRG, médicos del Estado evaluaron su salud y determinaron que no era necesaria su reclusión en ningún centro de salud por lo que juez competente dictó orden de aprensión y fue conducido a la prisión. En días posteriores debió presentarse al juzgado para dar declaraciones, aunque no sin haber demorado la acción al presentar una demanda en contra del Estado: contravenir la orden que señala que los reos deben portar un traje naranja para diferenciarse de los usuarios de los tribunales, por medidas de seguridad. Finalmente no se presentó, enviando a sus abogados en representación y aduciendo que su presencia no era obligatoria pues es sólo un derecho que se otorga a los detenidos.
La demanda -que se presentó ante la Corte de Constitucionalidad- inicialmente fallada en contra pero al final, a favor (fuera de todo contexto), modificó la resolución sobre una acción de inconstitucionalidad en el uso del overol naranja y favoreció al ex vicepresidente y con él, a todos los ex funcionarios del gobierno anterior detenidos por diferentes razones pero que pueden englobarse en una sola: robo descarado de los bienes del Estado. La CC llevó a cabo una larga sesión en donde los magistrados miembros del FRG, partido gobernante anterior, cumplieron a cabalidad con su tarea de "taparse todos con la misma chamarra".Según los abogados defensores, dicha norma atenta contra la dignidad y los derechos humanos de los reos. Según una fuente de la CC, los magistrados que favorecieron la acción basaron su voto en que "cualquiera podría vivir esa situación y sería muy indigno vestir el traje". La CC emitió el fallo basándose en los siguientes argumentos: Violación a los derechos humanos de quienes portan el traje anaranjado. Los reos sufren denigración en su dignidad.
Me imagino que el señor Reyes López sentía mucha vergüenza de sentirse dentro del uniforme más conocido del país, aunque nunca sintió vergüenza al cometer las fechorías que se le impugnan, más otras "que pasaron de noche", como decimos acá, y que nunca fueron ni siquiera denunciadas pues se cometieron durante su co-gobierno. Se sentirá indigno al verse vestido de naranja y reconocido por todos aquellos que lo encuentren en esa condición, pero no piensa en lo indigno de su actuación prepotente y abusiva durante su desempeño como la segunda fuerza dentro del Poder Ejecutivo de esta nación.
"Es deplorablemente sorprendente advertir que la conciencia de algunos magistrados es manipulada por un titiritero lejano, que decide cómo se resuelven las cosas en el seno de la CC, y resulta muy fácil establecer quién es el titiritero y quiénes los títeres", dijeron los miebros de la CC que votaron en contra. Este titiritero es Efraín Ríos Montt, el líder del FRG y ex presidente del Congreso de la República, actualmente privado de su libertad de locomoción ya que fue sentenciado a prisión domiciliar, que lo limita a movilizarse dentro del departamento de Guatemala. Ríos Montt está siendo juzgado por la muerte de un periodista durante los disturbios del llamado "jueves negro", en donde turbas coordinadas por el FRG hicieron destrozos y mantuvieron atemorizada a los habitantes de la ciudad capital, durante una jornada de "adhesión" a Ríos Montt y su partido gobernante.
Pero volviendo al tema de Reyes López, mi entusiasmo de la semana pasada se ha visto oscurecido -espero que temporalmente- por esta acción de la Corte de Constitucionalidad que evidencia que la mafia continúa ejerciendo poder en muchas esferas del Estado y que no será fácil ni pronto que nos veremos libres de ella. Sus tentáculos están en todas partes creando problemas e inestabilidad a fin de debilitar las acciones del gobierno actual que, como lo prometiera en campaña y está tratando de cumplir, amenazando la seguridad que les ha otorgado la impunidad.
Son cientos de delitos cometidos por muchos ex funcionarios de primera línea del FRG y algunos están ya en prisión preventiva mientras son juzgados, aunque por ahora vivan en un semihotel de lujo en donde pueden dormir tranquilos sin las amenazas a las que se enfrentan permanentemente los demás reos. Televisión, heladeras, camas cómodas y confortables... todavía tener "conectes" es sinónimo de evasión en este país. Sin embargo, la confianza en la justicia nos mantiene alertas.
Falta mucho por hacer. Esto todavía es el principio. Aunque saberlos guardando prisión es un aliciente o, más aún, el inicio del resarcimiento y el desagravio. Sólo el inicio. Falta que sean sentenciados.
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